Las asociaciones cívicas Coruña Liberal para la defensa de los valores constitucionales y AGLI (asociación gallega para la libertad de idioma) desean dar expresión a la parte de opinión ciudadana frecuentemente silenciada u omitida en los medios, en relación con el proceso de persecución y exclusión totalitaria del uso público del idioma español en el territorio abandonado a la administración regional de Galicia.

Uno de tantos episodios bochornosos de esta guerra total contra quienes sencillamente usan su idioma como su mejor herramienta de trabajo, lo constituyen las denuncias a dos destacados funcionarios de la administración de justicia, de las que hemos tenido noticia por la edición impresa del Ideal Gallego del 15 de febrero.

Los denunciantes tampoco son ciudadanos corrientes, sino elementos liberados del trabajo, es decir, mantenidos por el resto de los españoles para la promoción de los derechos de los trabajadores de sus respectivos gremios, liberación que usan para enredar, y, en este caso, perseguir a dos funcionarios por razón del idioma, y avisar a los demás que no se sometan al capricho nacionalista. Son, además, instrumento de una organización que se aprovecha de las instituciones del estado de derecho para reducirlo a una yuxtaposición de territorios definidos supuestamente por criterios étnico-lingüísticos y extinguir el pueblo español como titular de la soberanía.

Tales denuncias, en las que los denunciantes son los provocadores de las situaciones que denuncian, se producen en un momento de recrudecimiento de la ofensiva desatada con el pretexto de la llamada normalización lingüística , y también con los ataques provenientes de diversas instancias contra la unidad e independencia de instituciones clave del funcionamiento democrático:

• acoso callejero al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por no reconocer un estatuto privilegiado ante la ley a un destacado nacionalista;

• presiones intolerables al Tribunal Constitucional para que no ejerza con independencia su función respecto de determinada norma de promoción nacionalista;

• insultos en el Congreso al Defensor del Pueblo por haberse atrevido a impugnar dicha norma;

• chantaje al Tribunal Supremo por el ayuno voluntario de otro nacionalista, secundado, entre otros muchos, por el presidente del Senado;

No es raro que hasta los más obscuros adeptos del nacionalismo se sientan alentados en esta dinámica infernal de deslegitimación de las instituciones independientes en nuestro sistema democrático. Queremos llamar la atención sobre la necesidad imperiosa de detener este proceso de degradación, mediante la defensa enérgica de esa independencia, y el cumplimiento sin titubeos de la ley.

Es necesario reflexionar sobre las causas y los antecedentes que explican la escandalosa audacia de los promotores de estos hechos. Ciñéndonos ahora a la construcción normativa en la que los denunciantes pretenden legitimar su acoso a estos dos jueces, negamos que la Constitución o el Estatuto de Autonomía consientan desatar un proceso de "normalización lingüística".

De juicios de valor carentes de todo efecto normativo como considerar la pluralidad lingüística como "un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección»" no se sigue, en modo alguno, que una parte de la población deba ser considerada anormal, ni perseguida o discriminada por no emplear, a demanda del poder o de terceros, la lengua de su capricho.

El proceso de normalización se desata en Galicia por el efecto emulación de las asambleas legislativas regionales catalana y vasca, que siguen constituyendo el nefasto ejemplo de la nuestra, y, aunque perverso en su esencia, no pudo ser desarrollado en todas sus consecuencias, precisamente gracias al control de constitucionalidad, que declaró la nulidad del llamado "deber" de conocimiento de la lengua regional, por el que los nacionalistas de todos los partidos pretendían, unánimemente, equiparar la lengua regional a la común de todos los españoles, y humillar a los gallegos duplicando sobre ellos la carga lingüística, que en los territorios españoles no agraciados con esa riqueza, y en las naciones civilizadas del mundo, se contrae a un solo idioma.

Pero además, el Tribunal Constitucional, sin haber estado acertado ni mucho menos, en el tratamiento de estas cuestiones, declaró que "no se impone un deber individualizado de conocimiento del euskera, ya que el deber correspondiente se predica de las Administraciones públicas, que son las que deberán proveer los medios necesarios para la efectividad de tal derecho, ... que a cada poder público corresponde concretar gradualmente, de acuerdo con sus posibilidades y criterios organizativos" [STC 82/1986 (Pleno), de 26 junio] Esta sentencia sirvió de precedente y fundamento para la que luego se dictaría en el recurso interpuesto por el gobierno español contra la Ley del parlamento gallego.

En consecuencia, estas ‘denuncias’ contra dos funcionarios, articuladas por sendos ‘sindicalistas’ no son más que otro episodio de la creciente chulería nacionalista; no tienen por objeto la salvaguarda de derecho alguno, sino la propaganda a costa del crédito y de la tranquilidad de dos profesionales honestos, ante la inobjetabilidad de su trabajo por razones substantivas. Los ‘incidentes’ fueron provocados de propósito por provocadores profesionales con fines puramente propagandísticos. El ‘agravio’ de la ‘l’ del artículo que suele anteponerse al nombre de la plaza –La Coruña- cuando se habla o escribe en correcto español, revela estupidez o sectarismo. No dudamos que se trata de lo segundo.

Debemos reflexionar sobre los riesgos ciertos de ensuciar el diario oficial con conceptos totalitarios como normalización, ‘lengua propia’ y sus secuelas: los fanáticos van a utilizarlos en contra de honrados y pacíficos ciudadanos que se limitan al cumplimiento de su deber. Lo estamos viendo con los profesores de los centros de enseñanza del subsistema educativo regional, lo vemos ahora con estos dos magistrados, y no lo vemos con decenas de miles de niños forzados a estudiar en un idioma que no es el suyo, con unos incalculables costes de todo tipo.

En este momento crucial en que el nacionalismo de todos los partidos, apenas con matices, está gestando un nuevo asalto a las libertades individuales, y, concretamente, a la libertad de idioma que aún no ha sido cercenada, es de la mayor importancia tomar conciencia de que el totalitarismo lingüístico constituye un tumor en nuestro sistema democrático, llamar la atención ciudadana sobre la necesidad de revertir el proceso y denunciar con la mayor energía la ceguera de los partidos supuestamente democráticos en su abducción por el nacionalismo.