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Escrito por Vigueses por la Libertad, AGLI y Coruña Liberal
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Sábado, 24 de Febrero de 2007 02:01 |
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Las asociaciones cívicas Vigueses por la Libertad (VpL) , AGLI
(Asociación gallega por la libertad de idioma) y Coruña Liberal se
muestran consternadas por el acuerdo alcanzado entre la consejería de
Educación y los distintos grupos parlamentarios para incrementar el uso
del gallego en las aulas. Según noticias de prensa, las nuevas medidas
permitirán un mínimo del 50% en los contenidos en gallego, mínimo que
podrá superarse hasta alcanzar todas las asignaturas excepto las
lenguas.
Queremos denunciar el espíritu de este acuerdo: el de eliminar
progresivamente el castellano como lengua de enseñanza en Galicia. Para
la consejería, así como para nuestra clase política, la enseñanza
gallega ya no tiene como principal objetivo la formación de ciudadanos
responsables o buenos profesionales, sino que es la excusa para un
dudoso experimento socioeducativo tendente a la formación del espíritu
nacional, impropio de un sistema democrático. El descenso en la
calidad de la enseñanza o la quiebra de la autoridad del profesor en
las aulas son problemas de escasa importancia para nuestra clase
política, que prefiere consumir recursos económicos y esfuerzos
políticos en una supuesta pero falsa "galleguización" de la enseñanza.
Recordamos que este acuerdo ignora la voluntad de padres y de alumnos,
a quienes les es impuesta la lengua de enseñanza sin que tengan derecho
ni a protestar ni a opinar. Bajo la falacia de la "galleguización",
este acuerdo representa un paso más en la lamentable tendencia a
ignorar que el castellano no es sólo una lengua tan nuestra como el
gallego, sino que es la lengua mayoritaria de los niños y jóvenes de
nuestra tierra. Esperábamos tales propuestas por parte de la minoría
nacionalista. Pero nos sorprende que los dos partidos de ámbito español
abracen y participen de esta falacia.
Queremos animar a los ciudadanos a que protesten contra este acuerdo,
alcanzado a espaldas de su voluntad. Les instamos a protestar ante sus
representantes políticos antes de que lo conviertan en norma de
obligado cumplimiento. En caso de que lo lleven a efecto, será el
momento en que todos reflexionemos si nuestra opinión está siendo
legítimamente representada por los actuales partidos del arco político.
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