Ya es una salmodia crónica el problema recurrente de las crecientes listas de espera. Nadie ha podido ni podrá arreglarlo porque se trata de un problema irresoluble desde el modelo sanitario vigente. La sanidad pública se financia por descuentos tasados y concretos en las nóminas, mientras que los gastos dependen de una demanda ilimitada para una población cada vez más necesitada en razón a su progresivo envejecimiento. Como los servicios son cada vez más amplios, su tecnología más puntera y sus costes crecientes, el desajuste entre lo que deseamos y lo que pagamos experimenta una brecha exponencial que se manifiesta irrefrenable en la generalización de las listas de espera. Desde una estricta lógica económica, la única solución sería aumentar las cotizaciones sociales, lo que ocasionaría o bien un descenso de los salarios percibidos, o bien un alza de costes que hundiría la competitividad de las empresas, y con ellas los pilares del sistema. Financiarla con más impuestos acabaría en igual bancarrota.

Se dice que hay que gestionar mejor. Pero eso es pura utopía. Los médicos no son propietarios de los centros, tampoco sus gerentes ni los equipos decisores. Carecen de sanciones e incentivos reales. Lo más que hacen es multiplicar los reglamentos, las órdenes administrativas, las regulaciones sin fin, las amenazas del control judicial de los fallos médicos, etcétera, lo que provocará más ineficiencia y costes por la adopción de cautelas, comprobaciones y garantías para eximirse de responsabilidades por parte del personal sanitario. Lo que faltan son incentivos a la innovación, que es lo que caracteriza a las empresas privadas competitivas -no las monopolísticas-. En el sector público no hay incentivos, ni a los pacientes para que se ajusten a las relaciones costes/beneficios, ni al personal del sistema para que administre con máxima eficiencia. La sanidad privada no existe, es un abuso del lenguaje, porque quien quisiera elegirla debe en cualquier caso pagar antes la pública. La habría si los afiliados pudieran elegir centro médico y sistema alternativo al público, pero no es nuestro caso. De haber competencia entre centros públicos y también centros privados, medidas específicas de apoyo a los de menores rentas y libertad de fijación de salarios, precios comparativos y fijación de incentivos, todo sería distinto. Podría llegar la verdadera modernización y consideración digna y respetuosa del paciente como cliente, como persona, como centro del sistema. Pero hoy por hoy el Estado vela por los supuestos desfavorecidos haciéndoles compañía virtual en la correspondiente lista de espera.