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En La Voz de Galicia.- En España el ciudadano medio trabaja cinco meses al año para sufragar
los costes de todos los servicios públicos; no hay carretera gratis,
escuela, policía, consulta médica, televisiones públicas ni culturas
oficiales sin impuestos; todo sale de los bolsillos ciudadanos.
Por eso en democracia las elecciones tienen la función
de elegir a los mejores administradores como en una asamblea de
accionistas paritarios de una gran sociedad colectiva, que selecciona
directivos para que maximicen los frutos de sus recursos y minimicen
los costes de gestión. De ahí que lo normal en una convocatoria
electoral sería escuchar propuestas aquilatadas de costes e ingresos de
representación: la lista A podría ofrecer hacer las cosas bien con una
presión fiscal -o trabajo socialmente necesario para el ciudadano- de
solo un trimestre al año; la B, de cuatro meses pero con superior
calidad de suministro; la C, solo dos meses y devolución de poderes a
los accionistas diciéndoles que ellos mismos lo harían mejor con sus
empresas habituales. Tal sería un sistema de competencia leal por parte
del Gobierno.
En la política actual algo
falla. En lugar de exponer sus propios modelos de administración, los
aspirantes se centran en la descalificación del adversario para hacerlo
odioso a los ojos del elector; es la apuesta por el mal menor, por el
«yo no soy tan malo como mi competidor». Algo insólito, incluso
prohibido, en el mercado libre de provisión de los otros bienes
sociales, los civiles, los mal llamados privados. Porque todo es
público o todo es privado, en la medida en que todo sale de los
recursos del pueblo.
El modelo electoral es
muy imperfecto: listas cerradas, distritos muy grandes y selección
básica por la cabeza nacional de las listas; es como comprar todos los
productos en un mismo supermercado global: o se toma toda su oferta o
se opta por la total del adversario. Condorcet explicó hace dos siglos
lo inadecuado del sistema, pero aún no hemos aplicado los saberes de la
Ilustración.
Utópicos rigurosos y nobelizados
como James Buchanan han propuesto fijar en las constituciones unas
cláusulas de garantía contra los excesos económicos de los elegidos:
que se fije un nivel de impuestos sobre la producción social que no se
pueda rebasar. Todavía nadie la aplica; sería gestionar de forma en
exceso disciplinada y el poder gusta de manos libres para maniobrar con
los fondos ajenos.
Así que votaremos con la
incertidumbre habitual sobre los efectos del sufragio. Los cabezas de
huevo estratégicos de los partidos estudiarán las debilidades
psicológicas de los electores y propondrán medidas de impacto
coyuntural, -traslación de las técnicas publicitarias a la política-,
buscando nuestro subconsciente, las pasiones ocultas, el conductismo
elemental, la imagen, la apariencia, no la esencia. Son malos tiempos
para la deliberación desde la franqueza de la razón.
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