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Escrito por C.L.
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Viernes, 02 de Mayo de 2008 19:40 |
Coruña Liberal denuncia ante la jurisdicción penal como encubrimiento la supuesta orden del Gobierno a la Fragata para que permitiese huír a los piratas con el botín. Si es inocente, como cabe presumir y todos deseamos, la justicia lo proclamará, disipando las dudas que ahora podrían abrigarse sobre su conducta.
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Los hechos en la prensa
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Art. 451 del Código penal
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Los
sofisticados sistemas de control marítimo, terrestre y aéreo con los
que está equipada la fragata «Méndez Núñez» vigilaron en tiempo
real cada uno de los movimientos que los piratas, ya con el botín en
las manos, realizaron durante su fuga en varias zodiacs después de
poner en libertad a los pescadores del «Playa de Bakio». La fragata,
con un alcance de radar de 600 kilómetros, no intervino -pese a tener
previsto un operativo de captura y estar a muy poca distancia del atunero-
por «orden expresa» del Gobierno, que ni siquiera dio luz verde para
actuar contra los malhechores una vez desaparecido el riesgo para la
vida de los pescadores. ...
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el
que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin
haber intervenido en el mismo como autor o cómplice,
interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno
de los modos siguientes:
1º
Auxiliando a los autores o cómplices para que se
beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo
de lucro propio.
3º
Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la
investigación de la autoridad o de sus agentes, o a
sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de
las circunstancias siguientes:
b) Que el favorecedor
haya obrado con abuso de funciones públicas.
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César Sinde.- Tras la finalización del secuestro del
Playa de Bakio mediante el pago de un rescate, Manos Limpias ha
presentado una denuncia contra varias de las partes que intervinieron
en la crisis por no ordenar el apresamiento de los criminales, lo que
les convertiría en colaboradores del delito. Entre los denunciados
figura, Fernández de la Vega. Este sindicato de funcionarios sostiene
que la actuación de la vicepresidenta vulneraría los artículos 27, 407,
408 y 451 del Código Penal. En La Nación
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