Uno de los aspectos menos
conocidos del régimen político español es que nuestro sistema
electoral, hablando en puridad, es preconstitucional.
Preconstitucional, en efecto, pues fue un real decreto del Gobierno de
UCD previo a las primeras elecciones generales (el 20/1977, de 18 de
marzo) el que asentó las grandes pautas para la elección de diputados:
número de miembros del Congreso (350), circunscripciones provinciales,
criterio de distribución interprovincial de los escaños, fórmula
d'Hondt y listas cerradas y bloqueadas.
Ese
sistema, que produce notables distorsiones al traducir en escaños el
reparto de los votos expresados por el cuerpo electoral, tiene, además,
un efecto político de extraordinaria relevancia: que penaliza, hasta
hacerla poco menos que imposible, la emergencia o la persistencia de un
tercer o cuarto partido a escala nacional que, llegado el caso, puedan
ser bisagras del PSOE o del Partido Popular.
Es
de ese cada vez más incomprensible vicio de nuestro sistema electoral
del que los partidos nacionalistas se han servido para convertirse en
lo que son cuando nadie alcanza la mayoría absoluta en el Congreso: los
reyes del mambo, que controlan la gobernabilidad de este país. Y es que
a los nacionalistas -que compiten solo en sus respectivos territorios y
que, por tanto, solo en ellos pierden restos- el sistema les resulta
pistonudo.
Las elecciones del domingo han
vuelto a demostrarlo con una claridad rayana en el escándalo: con
774.317 votos, CiU ha obtenido 11 escaños; y con 963.040, IU solo dos;
de igual modo, con 303.246 votos, el PNV consigue seis escaños, y con
unas docenas más (303.535), UPyD (el partido de Rosa Díez) se queda con
un solo escaño por Madrid.
Esas diferencias
(de las que los nacionalistas no son, por supuesto, responsables, pero
sí beneficiarios) no solo son injustas para quienes las sufren una y
otra vez, sino totalmente disfuncionales para un sistema de gobierno en
que la ausencia de bisagras estatales pone a los dos grandes en manos
de fuerzas que defienden intereses territorialmente limitados y
convierten el agravio comparativo en uno de los motores esenciales de
la política española.
¿Hay alguna solución?
Podría haberla si se pusiese sobre la mesa una reforma que permitiese
tratar a todos los partidos por igual. La más evidente sería la
consistente en aumentar el número de escaños del Congreso de 350 a 400,
y en distribuir los 50 escaños nuevos en un distrito nacional en el que
se repartiesen con absoluta proporcionalidad los restos de todos los
partidos. Con ello aumentaría la justicia electoral y quizá se acabaría
con esa perversión cada vez más insufrible que hace que quienes quieren
irse del país acaben cogobernándolo.
