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En La Voz de Galicia .- El resultado global de las llamadas balanzas fiscales es el producto
de, al menos, tres grandes partidas para financiar servicios públicos
de nuestro Estado de bienestar que tienen lógicas económicas y sociales
muy distintas. Mezclarlo todo y reclamar una corrección del total (o un
criterio para hacerlo), sin hablar de cada cosa por separado, es
técnicamente un disparate y políticamente un trágala. Veamos.
La primera partida -que para Galicia supone la mitad
del saldo neto que nos es favorable- deriva de la diferencia entre
cotizaciones y pagos de pensiones de la Seguridad Social. En un sistema
que es en España, simultáneamente, de caja única y de reparto creo que
corregir su resultado no tiene pies ni cabeza. Porque cada año con las
cotizaciones de todos los españoles se pagan las pensiones de todos los
jubilados, sin discriminar por provincias o por ser agricultor o del
metal. Solo corrigiendo la cuantía individual en función de cada
carrera personal de cotizaciones, con unos mínimos y unos máximos. Si
hay superávit, como en estos últimos años, se guarda en una caja única
-Fondo de Reserva- con idéntica lógica. O sea, que de esta partida
-mayoritaria en el saldo agregado de las balanzas fiscales- mejor
olvidarnos en un reajuste de financiación que algunos quieren orientar
con las balanzas.
La segunda gran partida es
la inversión pública anual para todo tipo de infraestructuras
(autovías, líneas ferroviarias, puertos, aeropuertos, etcétera) y para
la obra civil que necesitan los servicios públicos preferentes
(hospitales, ambulatorios, escuelas, universidades, juzgados,
cuarteles, prisiones...). Son gastos que se producen de forma
intermitente y sobre los que, para establecer su necesidad en cada
región, no creo debamos considerarlos proporcionados a la población, ni
-menos aún- a la riqueza o PIB.
Porque doble
población no implica doble necesidad y porque antes, y en cualquier
caso, habría que suprimir la desigual dotación de todas esas
infraestructuras laminando las llamadas «deudas históricas». Creo que
ese es el sentido implícito de recibir el 8% para Galicia en esta
partida (por encima de nuestro PIB y población); y dudo que lo que se
ha escrito en los estatutos catalán -recibir inversión proporcionada a
la riqueza- o andaluz -infraestructuras en función de la población-
tenga como resultado igualar las dotaciones de capital público en
España.
Nos quedaría ya solo el saldo
(favorable para unos, desfavorable para otros) que pudiese derivarse de
los gastos públicos corrientes. Para entendernos, los sueldos de todos
los funcionarios y los gastos de funcionamiento de todos los servicios
(enseñanza, sanidad, dependencia, justicia, defensa...). Solo en este
caso -que no llega a suponer ni un tercio del saldo total de las tan
traídas balanzas- podría tener sentido asignar la financiación
territorializada (central y autonómica) según la población respectiva y
para un nivel de cobertura mínimo homogéneo en toda España. Aunque para
este viaje no nos hacían falta las balanzas fiscales.
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