EL tan debatido estudio de los profesores Uriel y Barberán sobre las balanzas fiscales, patrocinado por la Fundación BBVA y hecho público días atrás por los medios, sugiere, en todo caso, la necesidad de hacer algunas precisiones para la correcta valoración de sus conclusiones. No pongo en duda la reconocida competencia profesional de sus autores; sólo pretendo poner de manifiesto algunas razones que, con carácter general, aconsejan tomar con cautela los resultados de tales instrumentos contables. Se hace necesario pasar del mito al logos, de la fantasía homérica a la reflexión socrática, pues sólo así podremos acercarnos al conocimiento de la realidad que se pretende mostrar.

El objeto de las balanzas fiscales es conocer el impacto redistributivo de la actividad financiera (ingresos-gastos públicos) del Estado, así como de las diversas administraciones territoriales, atendiendo al saldo fiscal de cada circunscripción subcentral con el mismo Estado, esto es, a la diferencia entre los costes soportados (recaudación de ingresos a favor de la Hacienda central) y los beneficios recibidos (gastos efectuados por el Estado en su propio territorio). Se trata, en definitiva, de un instrumento ideado con la intención de conocer el grado de solidaridad entre las diferentes regiones de un país, que sirva además para instrumentar, sobre una base objetiva, las políticas que garanticen el cumplimiento de un principio como el que establece el artículo 138 de la Constitución, en los términos siguientes: «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular».

Desde los intentos pioneros de Trías (1960), Petit (1965) y Ros (1967), hasta los más recientes de Barea y su equipo (2001), Sánchez Maldonado (2002), o la Generalidad de Cataluña (2004 y 2005), han sido numerosas las balanzas fiscales confeccionadas en España, primero en el marco del Estado unitario anterior a 1978, luego en el correspondiente al que llamamos Estado de las Autonomías. Es de notar que las cerca de cuarenta balanzas elaboradas hasta ahora arrojan, como ha señalado el propio Barberán, resultados enormemente divergentes entre sí. Las diferencias no son sólo cuantitativas (más o menos déficit o superávit de numerosas regiones con respecto al conjunto), sino de signo: una misma región arroja saldo fiscal positivo o negativo según la balanza que elijamos.

Tres son los factores que explican semejantes disparidades. En primer lugar, el ámbito institucional al que dichas balanzas se refieren (relaciones financieras con el Estado sólo, con éste y con la Seguridad Social, o con ambos y las empresas públicas inversoras); en segundo término, la diversidad de criterios seguidos para la imputación territorial de los ingresos y gastos que registran; y, finalmente, la práctica habitual de la contabilidad creativa, pariente próxima de la cosmética presupuestaria. Si a lo anterior se añade el hecho de que la interpretación de sus resultados se verifica de espaldas a los más elementales postulados de la teoría de la incidencia impositiva, así como del análisis de las externalidades y efectos inducidos del gasto público, no ha de extrañar que las balanzas fiscales, como instrumento de información acerca de la realidad económica, pierdan buena parte de su pretendida significatividad y, como consecuencia de ello, de su fuerza demostrativa como argumento del victimismo nacionalista o como medio para justificar una concreta distribución territorial de los recursos comunes por parte del Gobierno de la Nación.

Como es sabido, método significa camino, pero hay caminos que no llevan a ninguna parte o que se desvían demasiado de la meta pretendida. Para la confección de las balanzas fiscales suelen aplicarse, principalmente, dos métodos alternativos: el de ingresos-gastos (diferencia entre lo que, en términos líquidos, recibe una Comunidad del Estado, y lo que a éste aporta en contrapartida); y el de carga-beneficio (diferencia entre la carga fiscal que una Comunidad soporta por los impuestos estatales, y el beneficio privativo que la misma experimenta como consecuencia de los gastos que en ella realiza la Administración central).

Pues bien, el primero de ellos ignora cualquier planteamiento relativo a la incidencia efectiva (no formal) de los impuestos, así como a los beneficios finales del gasto público. Y el segundo método, por su parte, no tiene más remedio que optar por una solución arbitraria a tales cuestiones. El planteamiento puramente legal sólo nos permite conocer quiénes pagan los impuestos, pero no siempre quiénes los soportan. No hay modo de saber, a ciencia cierta, quién soporta el impuesto sobre sociedades, si los consumidores vía precios más altos, si los socios por la reducción del beneficio a distribuir, si ambos en proporción variable, o si los trabajadores de la empresa en términos de unos salarios más bajos. Todo dependerá del grado de concurrencia en los mercados, tanto de los productos como de los factores de la producción. Ni que decir tiene que estos agentes económicos no tienen por qué residir todos ellos en una misma circunscripción fiscal.

En cuanto a los beneficiarios del gasto público, tampoco hay criterio infalible para saber si lo serán finalmente los residentes en la circunscripción donde aquél se realizó o los de otra distinta. Los gastos del Estado en educación, sanidad, cultura y otros bienes preferentes, pueden muy bien terminar beneficiando a quienes residen en circunscripciones ajenas a aquella que los recibió primariamente. Y los efectos externos de los bienes públicos puros (defensa, administración de justicia, representación exterior, etcétera.) resultan aún más difíciles de localizar en el sentido literal de este verbo. Son estos sólo algunos ejemplos que justifican hablar del teorema de la imposibilidad de las balanzas fiscales, al menos cuando se pretende constituir a estos ingenios contables en fuente de argumentos precisos y concluyentes en materia de solidaridad interterritorial.

Por último hay que decir que, con ingenuo antropomorfismo, tanto el concepto de balanza fiscal como el propio artículo 2 de la Constitución Española refieren el principio de solidaridad exclusivamente a los territorios, siendo así que sólo las personas, los ciudadanos, pueden ser objeto o actuar como sujetos de tan elevada virtud, en este caso, de tan solemne imperativo constitucional. Conviene recordarlo, porque el problema de la redistribución solidaria entre todos los españoles únicamente admite solución en un plano distinto: el del modelo de Estado, de un Estado que sea capaz de superar las tensiones interregionales planteadas por los políticos con criterios de eficiencia económica y equidad.