El resultado electoral del 9 de marzo debe permitir avanzar hacia una España de ciudadanos y no de nacionalidades, que sea un ámbito de decisión común, de libertad, de igualdad de derechos y de solidaridad, en la que los terroristas no puedan esperar más que su detención y prisión.

Para ello es necesario un gran pacto de Estado PP – PSOE que permita acometer las reformas –incluidas la reforma constitucional y de la Ley electoral- 

     Para conseguir este objetivo es necesario que el proyecto de Rodríguez Zapatero y los nacionalistas no sea revalidado en las urnas.

Bilbao, 26 de febrero de 2008

Las próximas Elecciones Generales van a tener una inusual trascendencia para el futuro de España. Es imprescindible que se tome conciencia de que en ellas los ciudadanos decidiremos cuestiones básicas más propias de unas elecciones a Cortes constituyentes que de unas elecciones ordinarias. En realidad el 9 de marzo no votaremos sólo a un partido sino que nos pronunciaremos:

 a)      A favor o en contra de que se avance en una modificación en la estructura del Estado en la que las autonomías pasen a convertirse en naciones, entidades nacionales o cualquier otro eufemismo que venga a significar que la auténtica capacidad de decisión y los sentimientos de solidaridad, pertenencia y lealtad se desplacen de España hacia las diferentes regiones.

b)      A favor o en contra de que se produzca una centrifugación del Estado, que reduciendo aún más sus competencias y el presupuesto que gestiona (que ya en 2004 se limitaba, descontada SS y deuda pública, a un 20 % del gasto público total), pase a ser una entidad residual, sin posibilidad de llevar a cabo políticas eficaces y unitarias y que sólo sirva para tratar de coordinar los diecisiete "entes nacionales" en los que recaerá, aún más que a día de hoy, el poder real.

 c)      A favor o en contra de que se rompa la unidad del mercado laboral, del derecho civil, del cuerpo de notarios y registradores, del poder judicial, de la presencia internacional de España, etc., creándose órganos de gobierno y representación y normativa básica propia y diferenciada de cada autonomía en todos estos campos.

d)      A favor o en contra de que España deje de ser un ámbito de decisión común, de libertad, de igualdad y de solidaridad, permitiendo profundizar en la desaparición del español de la educación y de la Administración de determinadas comunidades, creando derechos fundamentales diferentes en cada autonomía y terminando con el reparto consensuado y solidario del presupuesto general del Estado que será sustituido por la negociación bilateral del Estado con cada autonomía, basado en criterios incompatibles entre sí y determinado por la necesidad de apoyo parlamentario de los partidos nacionalistas y el poder de los diferentes barones regionales de los partidos nacionales.

 e)      A favor o en contra de que se mantenga abierta la puerta a la negociación política con los terroristas.

f)       A favor o en contra de que todo ello se haga por imposición, sin consenso entre los dos grandes partidos nacionales y sin consenso entre los españoles, y movidos por el chantaje permanente del nacionalismo identitario y el terrorismo de ETA.

En definitiva, el 9 de marzo debemos decidir si refrendamos la continuación del proyecto político iniciado en 2004 por Rodríguez Zapatero para alterar radicalmente la estructura del Estado en el sentido impuesto por los partidos nacionalistas. La posición del Foro Ermua es rotundamente opuesta. Nosotros defendemos la necesidad de mostrar en las urnas un rechazo claro a ese proyecto y apostar por:

a)      La recuperación de los consensos básicos entre los dos grandes partidos nacionales, cerrando la puerta a cualquier negociación con ETA y limitando drásticamente la influencia en el diseño de España de unos nacionalismos que de manera expresa y pública buscan la secesión de sus autonomías y, por tanto, la desmembración del país.

b)      La consecución de un pacto de Estado entre el PP y el PSOE para acometer reformas estructurales de profundidad, incluida la reforma constitucional y la reforma de la Ley electoral, que permitan la recuperación de competencias básicas del Estado, eliminen el exceso de poder que tienen los partidos nacionalistas y que vengan a corregir las disfunciones que treinta años de permanente cesión ante el nacionalismo han provocado.

El objetivo es avanzar hacia una España de ciudadanos y no de nacionalidades, que sea un ámbito de decisión común, de libertad, de igualdad de derechos y de solidaridad, donde todo el mundo pueda utilizar el español y educarse en su lengua materna, donde el Estado central tenga capacidad para acometer políticas unitarias eficaces, donde exista un sistema educativo común, donde las decisiones sobre lo que nos afecta a todos se tomen entre todos, donde no se levanten difusas barreras a la libertad de movimiento y donde los terroristas no puedan esperar más que su detención y prisión.

  Como presupuesto previo para conseguir estos objetivos que el proyecto de Rodríguez  Zapatero y de los partidos nacionalistas sea derrotado por los españoles.

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