Ante el sorpresivo resultado electoral del 01 de marzo y su posible repercusión sobre la política de imposición lingüística llevada a cabo por el gobierno cesante, se ha producido la esperable reacción de sus agentes y beneficiarios, representados por el sindicato nacionalista CIG y la organización frentista Mesa pola Normalización Lingüística, además del consabido comando 'intelectual', corifeos mediáticos y habituales compañeros de viaje y demás tontos útiles.

Las tesis de los enemigos de la libertad son bien conocidas y han sido criticadas a fondo, o, al menos, hasta el poco fondo que permite su escaso caudal intelectual.

En marzo de 2005 los partidos socialista y nacionalista sumaron sus escaños para alzarse con el poder político en esta comunidad autónoma. Habían contribuido al llamado 'consenso lingüístico' bajo los sucesivos gobiernos del partido popular, que había culminado en el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, un inaudito documento parlamentario unánime, sin valor normativo alguno, en el que se reconoce que la gente no comparte la obsesión linguómana de los políticos, pero se deja llevar por ellos (literalmente).

Se trató en todo momento de un consenso entre políticos, hecho con evidente desprecio a los ciudadanos, y fraguado con una unanimidad que nos privaba, de hecho, de toda posibilidad de opción política en esta cuestión, ya que sólo podíamos elegir entre los nacionalistas y socialistas propiamente dichos, o entre los nacionalistas y socialistas agazapados bajo la denominación del Partido Popular. Y, sin embargo, la substitución de éste en la Junta de Galicia en marzo de 2005, por los socialistas y nacionalistas auténticos supuso el tránsito del paternalismo al totalitarismo lingüístico.

En esta nueva fase el partido popular se dejó arrastrar al principio a iniciativas tan grotescas como la de los mármoles funerarios o la de las bonecas faladoras, pero también a otras de mayor trascendencia, como el cierre definitivo de la función pública autonómica y local al resto de los españoles.

Pero el consenso quiebra, esperamos que definitivamente, en las postrimerías de la tramitación del decreto 124/2007, acogiéndose el Partido Popular al dictamen del Consejo Consultivo que advertía de algunas ilegalidades flagrantes del proyecto, cuando ya se había suscitado un movimiento cívico asqueado de tanta estupidez, de tanta chulería política y burocrática, de tanto desprecio ostentoso e impune de libertades tan elementales como la de los niños de aprender en su lengua, y de usarla en la práctica totalidad del horario escolar.

La generalidad de los analistas, y algunos destacados socialistas, coinciden en atribuir a la cuestión lingüística un efecto decisivo en los resultados electorales del 01 de marzo.

Desde nuestra modesta asociación, que se constituyó para denunciar y combatir los ataques del colectivismo identitario a la libertad e igualdad de los españoles, queremos salir al paso de las torpes tentativas del entorno nacionalista de condicionar de forma mafiosa la política de restauración de la libertad lingüística a que se ha comprometido el jefe del partido vencedor en las recientes elecciones. No nos referimos, obviamente, al derecho de reunión y manifestación que tiene cualquier grupo cumpliendo el mínimo de formalidades legales, y que podrán ejercer con toda seguridad sin el hostigamiento y violencia de que hemos sido objeto los ciudadanos que pedíamos libertad. Nos referimos a las múltiples formas de coacción que han practicado cuando sus amigos políticos dictaban la política lingüística que a ellos complacía, como, por ejemplo, manipular a menores para simular 'huelgas' de seguimiento masivo, entre otras actividades de similar valor moral.

Exigimos a la Junta salida de las urnas que ponga fin al estúpido experimento normalizador, cuya inutilidad reconoce, aunque no para desistir, sino para incrementar la coacción, el sindicato mencionado, cuando dice que “mesmo aquel alumnado que recibe maioritariamente a docencia en Galego, ..., remata os estudos con máis competencia en español que en galego”.

La nueva Junta tiene sobrada legitimidad democrática para restablecer el sentido común en esta materia, devolviendo a las palabras su significado propio. En un estado de derecho uso normal de una lengua -sustancia de la llamada 'normalización'- sólo puede significar uso libre, y ninguna medida gubernativa puede conculcar la libertad de las personas de usar cualquiera de las dos lenguas oficiales en el territorio, sin coacción o discriminación alguna.

El futuro presidente de la Junta de Galicia tendrá todo nuestro apoyo en cuanto dé pasos decididos en favor de la libertad y la igualdad de los ciudadanos, y en contra de toda discriminación por razón de lengua. Nuestra asociación no le exige, más allá de la primera enseñanza en lengua materna, el desdoblamiento del sistema educativo, lingüísticamente innecesario dada la enorme similitud de las dos lenguas, por ello, socialmente poco deseable -aunque respetamos otras opiniones- y financieramente muy difícil, sin perjuicio de la completa desregulación lingüística o libertad de enseñanza que permitirá a los centros privados y concertados atender, en su caso, las respectivas demandas de doble vía sin cargo al contribuyente. Por lo demás, la efectiva libertad de lengua discente es irrenunciable, y la libertad docente muy recomendable para una enseñanza pública de calidad.

Confiamos en que el movimiento cívico que desencadenó la respuesta ciudadana contra la imposición lingüística esté a la altura del reto lanzado por las organizaciones frentistas, y declaramos nuestra firme determinación de perseverar en la lucha por la libertad en la que nos hemos comprometido desde nuestra fundación: sin subvenciones y sin violencia; sólo con la razón y el derecho.