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Cuando caminamos por un bosque
buscamos aquella senda que otros han transitado antes que nosotros. Puede que existan diversos caminos desbrozados,
pero, si queremos llegar a nuestro
destino con rapidez, escogemos el hollado por más caminantes. ...
Con ello contribuimos a que otros, que vendrán después,
puedan caminar con más facilidad. Nadie
nos impide coger cualquier otro camino o abrir uno nuevo. Pero no podemos obligar a los otros a escoger nuestra ruta
para que nosotros podamos caminar más
cómodamente. Lo importante es que a nadie le impidan caminar por donde
quiera y que a nadie le obliguen a
transitar por donde no quiera.
Según los
economistas, lo mismo sucede cuando utilizamos una tarjeta de crédito,
un sistema de vídeo, una moneda, un
sistema métrico, una compañía de teléfonos o un
ordenador. Y una lengua. En tales casos se dan economías de red: se
tienden a consolidar los sistemas con
más usuarios. Estos procesos, como tales, nada
tienen que ver con el mercado o el capitalismo, la competencia perfecta
o los monopolios. Actúan del mismo modo
el campesino que opta por un sistema de pesas
y medidas, el que rotula su comercio o sus productos en una lengua, la multinacional que hace uso del correo
electrónico o nosotros cuando compramos un
reproductor de vídeo o un ordenador. En eso, tenderos, monopolios y
consumidores no difieren del caminante.
Lo único que aspiran es a acceder a aquella red que dispone de más usuarios. Con ello, sin
pretenderlo, contribuyen a reforzar la
red y a facilitar la llegada de otros. Quienes optan por otros sistemas
ven limitadas sus opciones, pero no
pueden reprochar nada a quienes no siguen su
camino. Es cierto que sus dificultades tienen que ver con las elecciones
de los otros, pero nadie les ha impuesto
nada, ni nadie ha hecho nada con la intención
de perjudicarles. Cada cual ha escogido libremente su camino y, como
resultado de esas elecciones, sus
posibilidades quedan limitadas.
Sin duda, las
lenguas presentan aspectos especiales. Pero no estoy seguro de que sean
los que con frecuencia se alegan. Desde
luego, la idea de que la lengua es algo más que
un instrumento de comunicación no es un argumento que justifique
interferir tales procesos. Si con ello
se quiere decir que la lengua condiciona nuestro mundo de experiencias, la idea es
sencillamente falsa. Que tú y yo utilicemos
palabras distintas para designar el dolor de cabeza, o incluso que en mi
lengua no exista una palabra para
designar ese dolor, no quiere decir que nuestra
experiencia sea distinta. Si sólo se quiere decir que la lengua es algo
más que comunicación, la idea es
trivial. Todo proceso material presenta diversos aspectos. Una comida es un proceso metabólico,
pero también puede ser un acto social.
Ahora bien, si deja de ser un proceso metabólico deja de ser una comida. Aunque puede dejar de ser un acto social sin
dejar de ser una comida. En el mismo
sentido, una lengua es, fundamentalmente, un vehículo de comunicación. En algunos casos puede comprometer dimensiones
cognitivas. Pero ni siquiera es seguro
que en ese sentido las lenguas resulten excepcionales. Basta con pensar en las monedas. Cuántos de nosotros andamos
traduciendo a pesetas nuestros
intercambios diarios.
Para valorar la situación resulta decisivo saber cómo ha sido el proceso. Si en una fiesta
todos se van emparejando y, al final,
sólo quedan un par de personas que no tienen otra opción que
emparejarse, éstos podrán lamentar su situación,
pero no tendrán razones para culpar a los demás, por más que sea resultado de sus acciones. No
es lo mismo que a Anna no le quede otro
remedio que casarse con Juan que el que se le imponga casarse con Juan. El procedimiento cuenta. En un caso se respetan
los derechos, en el otro, no.
Desde el punto de vista normativo, lo que importa es
que, en esos procesos, en esas
elecciones, se respeten los derechos. Si a una persona se le impide expresarse en su lengua, abrir un
periódico, o escribir un libro, su
libertad está siendo cercenada. Lo que resulta más discutible es que le
tengan que asegurar unos interlocutores
o lectores. Entre otras razones, porque eso
supondría obligar a otros a leer o a escribir en su lengua. Supondría
limitar los derechos de los demás.
Obligarles a caminar por las sendas que no desean. Anna tiene derecho a casarse, pero no tiene
derecho a casarse con quien quiera.
Entre otras razones, porque también Juan tiene que poder escoger y quizá
Anna no le guste.
Hablar de derechos no es decir mucho en tiempos en los
que toda reclamación se formula en
términos de derechos. De hecho, cuando se
producen procesos como los descritos, que tienden a reforzar unas
lenguas y debilitar otras, no es
infrecuente escuchar apelaciones a los derechos "de las culturas" que se verían minados. Por
ello, en el caso de las lenguas conviene
precisar qué derechos, en dónde y de quién. Por de pronto, los derechos
que cuentan son los de las personas. Las
culturas o las lenguas, como tales, no son
sujetos de derecho. Los que sufren, aman y sueñan son las personas, no
las culturas. La diferencia es
importante. Si uno cree que hay un derecho de las culturas, para preservar la lengua cherokee,
que sólo hablan el 8% de los cherokees,
habría que convertirla en obligatoria en la enseñanza y, seguramente, dado el escaso número de cherokees,
extenderla más allá de sus territorios. Si
lo que nos preocupan son los cherokees, hay que darles la oportunidad de
que estudien cherokee si lo desean y también
la oportunidad de estudiar el inglés, la
lengua que habla el 92% de ellos, la lengua de facto de la mayoría
de ellos. La lógica de los caminos
invita a pensar que los cherokees que deseen
ampliar sus opciones vitales, estar informados, conocer otras gentes,
viajar o intentar nuevos oficios,
preferirán el inglés. Mientras cada cual pueda escoger su camino, que vaya por donde quiera.
También es importante enmarcar el ámbito territorial de aplicación. Basta con
pensar en ese impreciso valor del
"reconocimiento" que a veces se invoca en España o en Europa.
Se puede entender en un sentido
puramente simbólico, pero eso, en la práctica, no quiere decir nada, apenas unos cuantos documentos que, en
el mejor de los casos, intercambian las
administraciones. Cuando se formula con mayor exigencia, parece exigirse
que las instituciones estén en
condiciones de atender y de reflejar los usos
lingüísticos de todos los ciudadanos en todos los lugares. Si así fuera,
los cherokees deberían poder ser atendidos
en cherokee en cualquier comisaría de
Estados Unidos o podríamos reclamar en castellano a un Ayuntamiento
polaco por una multa de tráfico o a uno
de un pueblo de Córdoba en catalán. Eso y no otra cosa significa, en la práctica, que una
lengua sea oficialmente reconocida. No
estoy seguro de que resulte una aspiración razonable mientras los
recursos no sean infinitos.
Finalmente, los derechos, en el ámbito territorial
de aplicación, han de valer para todos,
es decir, para cada uno. Aquí también se
percibe el contraste entre los derechos de las personas y los de
"los pueblos". El ejemplo de
Québec, que pocas veces se recuerda en todos los datos, resulta revelador. Allí la lengua -"la
cultura"- mayoritaria es el francés. En ese sentido, la defensa de "la cultura"
de la comunidad no se aleja en exceso de la
defensa de los derechos de cada uno. Pero no por ello deja de ser una
dictadura de la mayoría. Si en España se
aplicase el mismo criterio, y en cada una de las autonomías, por ejemplo, la enseñanza se
impartiese en la lengua mayoritaria, el
castellano sería la lengua exclusiva de la enseñanza. Una propuesta que
violaría los derechos de muchas
personas, a las que se les impediría escoger su propio camino. Con más razón, pero por el mismo principio,
resulta discutible la política aplicada
en las comunidades autónomas "dotadas de identidad propia".
En el caminar de las lenguas, mientras se respeten los
derechos, no hay nada que lamentar. Algo
que no sucedió durante la dictadura, cuando se obligó a todos a caminar por la senda del castellano,
sin que pudieran escoger su propio
camino. Con todo, eso no impide reconocer que la expansión del
castellano en España tiene menos que ver
con la dictadura que con el mecanismo de las sendas. En el siglo XV, Castilla, que incluía
Galicia, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, tenía
4,5 millones de habitantes, y la Corona de Aragón, 850.000. En esas
condiciones no resulta extraño que el
castellano se extendiera y se mantuviera como lengua común y que prácticamente desde el siglo XVI
la utilizaran el 80% de los
peninsulares. Los flujos económicos, los movimientos de poblaciones,
el transitar por los mismos caminos, han
acabado por producir un entramado de
"identidades" que hace imposibles las tareas purificadoras.
Todos somos mestizos de pura cepa. La
investigación empírica fiable, la existente y la que hay en curso, confirma que el barro con el que
estamos amasados los españoles -y la
pista de los apellidos resulta muy elocuente- no presenta muchas variaciones.
En realidad, cuando las cosas se miran y
se miden en serio, Lugo y Huesca son las
provincias con una identidad cultural más alejada de la media española,
las de mayor "identidad
propia". En esas condiciones, las invocaciones a la identidad de los pueblos, que poco se parecen a la
identidad de los ciudadanos, sólo se
pueden hacer a costa de socavar los derechos de los ciudadanos, de
meterlos en vereda. A ellos y a unas
poblaciones emigrantes que, bien por su cultura de origen, bien por su razonable disposición a
desenvolverse en lenguas laboralmente
francas, refuerzan día a día las sendas más transitadas.
Félix Ovejero Lucas es profesor de Ética y Economía de la
Universidad de Barcelona, y este excelente artículo apareció en EL PAÍS el 28/02/2005. Su publicación en esta página es un homenaje a su autor, aunque nosotros no creemos que en la fascinación que el nacionalismo ejerce sobre la izquierda española haya misterio alguno, como tampoco en la que ejerce sobre la derecha española.
Este artículo justifica una vida.
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