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... La
ilegalización de Batasuna y los éxitos de la política de derrota de ETA
del Pacto por las Libertades desbarató el poder de la banda y, en buena
medida, diluyó su capacidad de control. ETA perdió su poder municipal,
viendo reducida su capacidad económica y su proyección política. Ahora,
Zapatero ha propiciado la restauración del 'territorio abertzale'. ...
UNO de los elementos que llaman más
poderosamente la atención en el análisis de la conducción de las
actividades de las organizaciones terroristas, es el que alude a la
fluidez de su base territorial. Mary Kaldor, en su estudio de las
nuevas guerras, ha destacado así que el escenario geográfico de éstas
-y entre ellas de las que adoptan las tácticas terroristas de ejercicio
de la violencia sobre la población civil- es difuso y con frecuencia
cambiante, abarcando incluso zonas transfronterizas. Sin embargo, ese
carácter borroso del territorio en el que principalmente operan dichas
organizaciones no oculta que, para ellas, es esencial contar con
lugares en los que organizar sus fuerzas, desarrollar la logística de
sus atentados, reproducir su base humana y depredar los recursos
económicos que requiere su sostenimiento. Tales sitios se delimitan en
función de la existencia de una población de referencia cuya
singularidad étnica o ideológica se pretende defender mediante las
campañas de terror, a la vez que se tiene en cuenta que, en ellas, es
posible socavar la autoridad del Estado despojándole el monopolio del
ejercicio legítimo de la violencia.
El caso de ETA no es diferente al de otras organizaciones terroristas,
de manera que, en efecto, para el desarrollo de sus actividades ha
requerido la formación dentro del País Vasco de un territorio
abertzale, de una «zona liberada», sustraída al control del Estado
democrático, en la que por medio de Batasuna ha podido ejercer su
hegemonía. Para lograr ese dominio, que se plasma en el control de las
instituciones administrativas municipales, ETA no ha dudado en ejercer
todo tipo de coacciones, imponiendo las candidaturas de su propio
partido, fiscalizando a los electores y coartando su libertad de voto,
y tratando de eliminar a sus rivales políticos. A este respecto no es
vano recordar que, a los largo del último cuarto de siglo, la geografía
del terrorismo en el País Vasco ha estado en buena medida determinada
por un objetivo de exclusión de los opositores al nacionalismo y,
singularmente, a la propia ETA.
La participación electoral en el ámbito municipal ha sido, en todo
esto, esencial. Herri Batasuna, el partido constituido en 1978 mediante
la unificación de HASI, LAIA, ESB y ANV con el objetivo de lograr la
independencia de Euskal Herria, que en 2001 adoptó la denominación de
Batasuna, inició su andadura en las elecciones locales de 1979 logrando
un poco más del 15 por ciento de los votos emitidos y apenas una décima
parte de los concejales electos. Posteriormente, tras retroceder en
1983, creció apreciablemente en su voto al alcanzar, en los comicios de
1987, el apoyo de casi una quinta parte de los electores, lo que le
valió una participación en el poder político cifrada en más del 21 por
ciento de los ediles. La década de los noventa marcó un importante
retroceso en cuanto a los resultados electorales de esta formación
política que, sin embargo, supo aprovechar el paréntesis de la tregua
decretada por ETA con ocasión del pacto de Lizarra y lograr, bajo la
promesa de la «paz», sus mejores marcas en 1999. Y así, en este último
año, obtuvo un 19,9 por ciento de los votos y un 26,5 por ciento de los
regidores municipales. Pero, como fruto de su ilegalización, cuatro
años después ya no pudo presentar sus candidaturas en las elecciones.
En el culminar de su poder político, Batasuna gobernaba en 44 pueblos,
por lo general pequeños, aunque seis de ellos superaban los 10.000
habitantes, y extendía su influencia sobre otro centenar. El territorio
abertzale abarcaba una apreciable extensión de Guipúzcoa y tenía una
menor entidad en Vizcaya y, sobre todo en Álava. Su censo era próximo a
las 350.000 personas, correspondiendo 204.000 a las poblaciones cuyo
alcalde se encuadraba en el partido de ETA. Francisco Llera describió
el perfil sociológico de este territorio señalando su baja densidad
demográfica, el carácter tradicional de su estructura social, la
homogeneidad socioeconómica de sus habitantes y el elevado control
social que la organización terrorista ejercía sobre éstos. Dentro de su
ámbito geográfico, agregó el profesor Llera, el Estado quedó seriamente
disminuido, propiciándose de esta manera que se experimentara el nuevo
orden nacionalista con su simbología y sus rituales, y se desarrollaran
sus campañas de desobediencia civil, su maniquea división del mundo
entre abertzales y españoles, y su deslegitimación sistemática de las
instituciones democráticas. Y así, ETA-Batasuna acabó imponiendo un
nuevo (des)orden público y, por medio del terrorismo callejero, la
intimidación y la amenaza, ejerció el monopolio (i)legítimo de la
violencia. Ello le sirvió, además, para obtener cuantiosos recursos
económicos en forma de subvenciones a partidos políticos, créditos de
entidades financieras o gestión de subvenciones a las organizaciones
afines, que sumaron no menos de trece millones de euros anuales y
pudieron ser destinados a la financiación de las actividades
terroristas. Asimismo, encontró en los Ayuntamientos un lugar en el que
colocar y pagar la nómina de unos mil militantes ocupados en tareas de
captación, propaganda y control. El territorio abertzale sirvió también
de base logística y refugio para los activistas empleados en la
ejecución de la violencia. Y todo ello se vio premiado con la adhesión
política de una parte de la sociedad vasca, de manera que al comenzar
el siglo alrededor del 11 por ciento de la población adulta podía
calificarse como extremista pro-etarra.
La ilegalización de Batasuna, añadida a los éxitos de la política de
derrota de ETA articulada en torno al Pacto por las Libertades,
desbarató el poder de la banda terrorista y, en buena medida, diluyó su
capacidad de control en el territorio abertzale. Recordemos algunas
cifras significativas de los efectos inducidos por aquella decisión
conjunta del Gobierno presidido por José María Aznar y la oposición
socialista: clausura y embargo de 220 inmuebles y, con ello, pérdida de
gran parte de la infraestructura material; rescisión de los contratos a
los 39 empleados en los servicios centrales de Batasuna; imposibilidad
de acudir a las elecciones locales y, consecuentemente, privación de
las alcaldías y los puestos de trabajo municipales de la militancia más
activa; imposibilidad de gestionar subvenciones o de desviar una parte
de los 200 millones de euros de presupuesto de los ayuntamientos a los
fines terroristas. En definitiva, ETA acabó perdiendo su poder
municipal, vio reducida de manera drástica su capacidad económica y se
enfrentó en poco tiempo a una caída sustancial de su proyección
política. Y así, desde 2003 la adhesión incondicional a la organización
terrorista se redujo al 2 por ciento de los vascos.
Con el acceso al poder de Rodríguez Zapatero el éxito de la política
antiterrorista de su predecesor fue puesto en cuestión y se impuso la
apertura de un proceso de negociación con ETA. Tal negociación, lejos
de ser el resultado de un efectivo final de las actividades
terroristas, se ha acabado convirtiendo en un fetiche al que el
Gobierno se agarra para no reconocer que el saldo que dejan sus
esfuerzos se escribe en rojo, tanto por la sangre derramada como por la
frustración inducida en una buena parte de la sociedad española,
singularmente de los vascos. Y ahora, en este momento, se aproxima la
batalla decisiva. El presidente ha accedido a que, por intermediación
de ANV, Batasuna participe en las próximas elecciones municipales,
propiciando así la restauración del territorio abertzale. Si no hay un
tribunal que lo evite -y, aunque difícil, aún ello es posible- entonces
se habrá alentado la persistencia del terrorismo nacionalista en el
País Vasco. La democracia saldrá debilitada y, quién lo sabe, tal vez
estemos más cerca que nunca de la independencia añorada por los
muñidores de la violencia.
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