En una época en la que se pretende blindar los ríos, rapiñar prebendas fiscales o imponer desde el poder local las lenguas regionales en detrimento de la lengua común, una época en la que, en definitiva, se anteponen míticas esencias milenarias al beneficio y los derechos del ciudadano, el Bicentenario del Dos de Mayo y de la guerra de la Independencia es una buena oportunidad para recordar cómo, en un tortuoso itinerario, los derechos individuales de los españoles inician su recorrido hasta la actualidad de nuestra Constitución.

En una España continuamente desautorizada e impugnada por los nacionalistas y sus corifeos, el Bicentenario debe empujarnos a hablar de ella no desde el pesimismo o el complejo, ni desde la inhibición ideológica impuesta por la agresividad de los nacionalismos ni desde la mala conciencia inducida por la palabrería del régimen de Franco que cegó a la intelectualidad "progre" de tal forma que provocó en ella y en buena parte de la izquierda un infantil y patológico rechazo a hacer una simple profesión de fe nacional en esa realidad histórica abrumadora que es España.

El 2 de mayo de 1808 comienza el proceso de nacionalización de la soberanía que abandona las manos del monarca para depositarse en las del pueblo. Un pueblo que no es una esencia metafísica o mística, un sustrato que deje en un segundo término al individuo sino todo lo contrario, es el conjunto de ciudadanos a los que la historia ha unido bajo un proyecto común.

Es este proceso el que permite alcanzar un régimen político que se basa en la libertad individual y la proteje. Y por eso la libertad individual es incompatible con legitimaciones del poder político basadas en la lengua, en identidades milenarias, en privilegios medievales o en fueros de Antiguo Régimen.

Tampoco la igualdad de los ciudadanos que comienza a alumbrarse en 1808 puede satisfacerse si los derechos básicos no son comunes, si los servicios públicos esenciales no son semejantes en toda España, si el día a día de los ciudadanos no se rige en lo fundamental por las mismas normas, si no hay un poder judicial único que garantice una aplicación igual de la Ley, si no existen unos criterios fiscales homogéneos, si no hay un sistema educativo unitario, si no hay una lengua común que permita que cualquier español pueda vivir, educarse, trabajar o desplazarse a cualquier lugar de su nación. Nuestros liberales de principios del siglo XIX fueron muy conscientes de que para satisfacer la recién proclamada igualdad de todos los ciudadanos necesitaban una burocracia centralizada, una fiscalidad común, un ejército nacional, un sistema educativo y un mercado liberado de la rémora de las aduanas interiores. Es ahora, en el s. XXI cuando la igualdad de los españoles tan trabajosamente obtenida se pone en riesgo con la proliferación de Estatutos de autonomía aprobados bajo el empuje insolidario de los nacionalismos periféricos o de los localismos de mira estrecha. Unos Estatutos que no se limitan al de Cataluña, por mucho que éste sea el principal y más grave exponente del proceso de reversión que vivimos.

Tampoco la solidaridad entre los españoles, otro de los principios de la nación liberal, es realizable si en lugar de fortalecer la administración central permitimos que cada día languidezca un poco más, perdiendo sus recursos indispensables con objeto de cederlos a quienes aspiran a crear reinos de taifas, entes nacionales, realidades nacionales o naciones que no son más que pequeños territorios abonados para el caciquismo local. La nación española que venía padeciendo históricamente la falta de recursos para acometer sus proyectos y reformas, paradójicamente ahora que los tiene los distribuye al ritmo de las presiones ejercidas por quienes ninguna preocupación sienten por España, en un acto de irresponsabilidad o de locura. Actualmente la administración central, descontando deuda externa y Seguridad Social, sólo dispone del 16 % del presupuesto, situación claramente descompensada que provoca el espejismo alimentado y reiterado machaconamente por el nacionalismo de "a mayor autogobierno, mayor bienestar".

El Bicentenario del 2 de Mayo es una ocasión propicia para recordar que la libertad individual, la igualdad y la solidaridad tienen su origen en la nación liberal y en una explosión patriótica que transformó a un pueblo aparentemente disperso en un pueblo unido que supo hacer frente a la adversidad.

Contra los que se esfuerzan en inventar una memoria separada y enfrentada a España, una memoria que reescribe su idea de patria con los renglones torcidos del mito, del odio, de la animosidad, de la diferencia, esta conmemoración debe servir para recuperar la verdadera historia de nuestra nación. Una nación entendida como un gran acuerdo entre ciudadanos, especialmente para aceptar sus diferencias, su diversidad. No esa nación construida sobre la sensación de pérdida, sobre el rechazo del distinto, sobre el exilio del que no piensa igual que la comunidad. Frente al nacionalismo identitario, apoyado ahora de manera sorprendente por algunas elites dirigentes y mediáticas que han secuestrado el discurso de la izquierda para identificarlo con las corrientes más reaccionarias de Europa, la recuperación de la idea de España como patria común de todos los españoles y como garantía de nuestros derechos se alza como un deber ineludible en este Bicentenario.

Hoy es un día en el que con emoción y con argumentos podemos decir: ¡feliz cumpleaños España!, ¡viva España!