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...Como si la Monarquía parlamentaria no hubiera sido ya avalada, con
ocasión de la aprobación de la Constitución, tras el obligado referendo
del 6 de diciembre de 1978, y por su refrendo cotidiano: la institución
mejor valorada por la ciudadanía. Hoy, se olvida, la distinción
relevante es entre autocracia y democracia, y tan democráticas son las
formas de gobierno republicanas, como Estados Unidos o Alemania, como
las monárquicas, entre las que se encuentran, además de la Monarquía
española, la inglesa o la sueca. ...
DE MOMENTO, al menos, parte de la política nacional no mejora, pues
sigue sumida en una situación que podríamos representar gráficamente
como un enloquecido triangulo isósceles. En la base, sus dos vértices
se asentarían sobre dos postulados desafortunados para el país y su
ciudadanía. En el primero se encontrarían aquellos out puts presididos
por la peregrina convicción de que todo lo que es constitucional o
legal es oportuno. Por más que hay pocas ideas tan perversas como
extrapolar la adecuación de los parámetros de la
constitucionalidad/legalidad, esto es, de la juridicidad, a lo que son
los referentes políticos, donde lo que se enjuicia son los aciertos de
gobierno, pero dentro lo prescrito en las previas disposiciones
jurídicas vigentes.
En el segundo, aun más reprobable, se constatarían aquellas
conductas que violentan directamente los principios de la
constitucionalidad y de la legalidad. Una circunstancia frecuente por
parte de algunas formaciones políticas que siguen empecinadas en
superarse, unas a otras, en la presentación de los más groseros
disparates. El supuesto más llamativo ha sido estos días el
requerimiento de Esquerra Republicana de Catalunya de un
referendo de autodeterminación. Una petición incompatible con los
principios de la titularidad del poder constituyente, que sólo se
atribuye a la nación española (preámbulo de la Constitución de 1978),
de la soberanía nacional, que se asigna al pueblo español en su
totalidad (artículo 1.2 CE), y del principio de unidad constitucional
(artículo 2 CE).
Pero no quedan aquí los despropósitos. La semana pasada
conocíamos otras tres genialidades. La primera, la solicitud de la
reiterada Esquerra Republicana , de conocer, en culpabilizado
desglose, las cantidades asignadas al jefe del Estado para el
mantenimiento de la Casa Real. Una asignación que desea presentarse
como anómala, con la finalidad de poner en entredicho a la más alta
magistratura del Estado, cuando la Constitución contempla la normalidad
de tales gastos y su disponibilidad: «El Rey recibe de los Presupuestos
del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y
Casa, y distribuye libremente la misma» (artículo 65.1). No nos
oponemos pues a una mayor concreción, si así se estimare en el
Congreso, pero sin ánimo torticero e inquisitorial.
Pero aún hay otras dos propuestas infortunadas. La segunda, auspiciada por Izquierda Unida
, para reclamar, ¡a estas alturas!, un referendo sobre nuestra forma de
Estado. Como si la Monarquía parlamentaria no hubiera sido ya avalada,
con ocasión de la aprobación de la Constitución, tras el obligado
referendo del 6 de diciembre de 1978, y por su refrendo cotidiano: la
institución mejor valorada por la ciudadanía. Hoy, se olvida, la
distinción relevante es entre autocracia y democracia, y tan
democráticas son las formas de gobierno republicanas, como Estados
Unidos o Alemania, como las monárquicas, entre las que se encuentran,
además de la Monarquía española, la inglesa o la sueca. Por último, de
la provinciana admonición de la Consejería de Turismo de la Generalitat , de no usar el puente aéreo del aeropuerto de Madrid, sólo nos queda reírnos para no llorar.
Pero lo grave es que, mientras esto acontece, el vértice del
triangulo isósceles sigue alejado de dicha clase política, en tanto la
ciudadanía no ve atendidos sus verdaderos in puts. ¡Qué importan la
mejora en sus condiciones laborales, la más personalizada atención
sanitaria o una educación cada más integral! Ellos, ¡erre que erre!, a
lo suyo, que no es lo nuestro. ¿Tendremos que dar la razón a Azaña,
cuando señalaba que «es difícil gobernar en España, donde el número de
personas inteligentes es muy reducido»? El artículo en La Voz de Galicia
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